La transición energética española la construyen empresas que tienen que constituir una garantía antes de construir nada. Un promotor que solicita el acceso a la red deposita una garantía ante la administración antes incluso de que se tramite la solicitud. El mismo promotor la constituye de nuevo ante el órgano que autoriza la planta, de nuevo frente al contratista EPC y al suministrador de equipos cuando empieza la construcción, de nuevo frente a la empresa que se ha comprometido a comprar la energía, y una vez más —durante toda la vida de la planta— para desmontarla al final. Cinco garantías, cinco beneficiarios, cinco redacciones y, en la mayoría de los expedientes que hemos visto desde julio, cinco avales bancarios, cada uno de ellos cargado contra la línea de crédito que debía financiar la construcción.
La primera es la que marca la pauta. Conforme al Real Decreto 1183/2020, un proyecto no puede solicitar el permiso de acceso y conexión a la red sin constituir antes una garantía económica, fijada por el reglamento como un importe fijo por kilovatio de la potencia solicitada, ante la Caja General de Depósitos o el órgano equivalente de la comunidad autónoma. Se mantiene hasta que la planta obtiene la autorización de explotación y se ejecuta si el proyecto incumple los hitos administrativos que el Real Decreto-ley 23/2020 estableció para conservar el permiso. El reglamento admite un certificado de seguro de caución como forma de esa garantía, junto al efectivo y al aval —la administración que lo recibe tiene el compromiso de una aseguradora supervisada, que es lo que necesita— y, sin embargo, el aval sigue siendo la opción por defecto, porque es lo que el banco del promotor ofreció primero.
Después sigue la secuencia. La autorización administrativa y la autorización de construcción conforme a la Ley del Sector Eléctrico pueden llevar condiciones propias, y la declaración ambiental suele añadir una fianza para la restauración del terreno. Un promotor que concurre a una de las subastas de renovables constituye una garantía para participar y la mantiene para conservar la adjudicación. En el contrato EPC, la sociedad del proyecto quiere una garantía de cumplimiento y una garantía del anticipo que paga por aerogeneradores o módulos, y el contratista EPC quiere lo mismo de sus propios proveedores. Un comprador corporativo bajo un contrato de compraventa de energía pide una garantía sobre la obligación de entrega; el generador, por su parte, quiere cobertura sobre lo que el comprador le debe. Y la comunidad autónoma que autorizó la planta exige una garantía para su desmantelamiento y la restauración del terreno, que sobrevive a todos los demás instrumentos de la lista.
Lo que llega a nuestra mesa a través de la agencia, por tanto, rara vez es la solicitud de una sola garantía. Es un promotor o un contratista EPC con una cartera —tres parques solares en fase de permisos, un parque eólico a punto de empezar la construcción, un proyecto de almacenamiento detrás— que pregunta si toda la secuencia puede garantizarse sin consumir la línea bancaria que cada fase necesita. Puede, y ese es el sentido de la caución: se paga como una prima y queda fuera de la relación bancaria, de modo que la línea que financia equipos, materiales y las obras de conexión sigue ahí cuando empieza la construcción. La Caja General de Depósitos la acepta, un órgano de contratación la acepta conforme a la Ley 9/2017 y un beneficiario privado la acepta con la redacción que exige su contrato.
Lo que se suscribe es el proyecto, no el instrumento. Preferimos leer la cartera una sola vez —las cuentas del promotor, los permisos obtenidos y el calendario de hitos de cada uno, las contrapartes EPC y su trayectoria, los acuerdos de venta de energía y la estructura del grupo detrás de las sociedades del proyecto, para que la contragarantía provenga de la entidad que tiene los activos— y fijar una línea que la acompañe hasta el final. Cada certificado se convierte entonces en una llamada en lugar de un expediente, con la forma que exige el beneficiario: el modelo prescrito para la Caja, la redacción del pliego para un organismo público, el texto negociado para un EPC. Y como cada garantía lleva escrita su liberación —la autorización de explotación, el acta de recepción, el fin del periodo de garantía, el último pago del anticipo—, una liberación reclamada a tiempo es la capacidad que necesita el siguiente proyecto.
Dos cosas decimos con claridad a todo solicitante. Una caución no es una forma de obtener la garantía que un banco ha rechazado: la aseguradora que atiende un requerimiento se dirige al tomador en virtud de la contragarantía, así que el análisis de crédito inicial es real. Y no es más barata por definición. La prima refleja la solidez del promotor, el plazo, la redacción y las garantías que respaldan la contragarantía. Lo que sí es, de forma fiable, es capacidad: una garantía que la administración y la contraparte aceptan, respaldada por un balance publicado íntegramente, sin gastar la línea que financia la obra.
España se distribuye y administra a través de nuestra agencia de suscripción asociada, como todo nuestro negocio español. Un corredor o un promotor con una cartera energética debe escribir a la mesa de corredores en Dublín y decirlo; nosotros hacemos la presentación a la agencia y la línea se prepara desde allí. Cada certificado se emite en papel de FDI Insurance, bajo nuestra inscripción en el registro de la DGSFP —clave L1617, ramo 15, caución— y con el respaldo del capital que publicamos, informe por informe, en la sección de solvencia de este sitio.
Escrito por el equipo de suscripción de FDI Insurance d.a.c., Dublín. Esta pieza es información general, no asesoramiento sobre ninguna operación concreta, y no es una oferta de seguro.
