Un seguro de caución es el instrumento que describe el artículo 68 de la Ley de Contrato de Seguro: una aseguradora se compromete a indemnizar a un beneficiario designado si el tomador incumple una obligación legal o contractual, y recupera del tomador lo que paga. El instrumento en general lo hemos explicado en otro lugar de este sitio. Este artículo trata de un solo sector, porque la energía es donde más larga es la secuencia de obligaciones que una misma empresa tiene que garantizar, y donde una garantía comprada al banco, fase a fase, más daño hace a la línea de crédito que el proyecto necesita.
La primera garantía asegura la red. El Real Decreto 1183/2020 exige a quien solicita un permiso de acceso y conexión constituir una garantía económica ante la administración competente —la Caja General de Depósitos para la red de transporte y la mayoría de las grandes plantas, el órgano equivalente de la comunidad autónoma para el resto— antes de que se admita la solicitud, calculada como un importe fijo por kilovatio de la potencia solicitada. Se mantiene hasta que la planta obtiene la autorización de explotación y se ejecuta si el proyecto desiste o incumple los hitos administrativos que el Real Decreto-ley 23/2020 vincula al permiso: las autorizaciones, el inicio de la construcción y la puesta en servicio tienen cada uno su fecha. El reglamento admite un seguro de caución como forma de esa garantía. Lo que la administración comprueba antes de aceptarlo es que la aseguradora figura inscrita en el registro de la DGSFP para el ramo 15, caución, y está activa; que el certificado sigue el modelo prescrito; y que es pagadero a primer requerimiento.
La segunda es ante la administración que autoriza la planta. La autorización administrativa previa y la autorización de construcción conforme a la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, y la declaración ambiental que las precede, suelen llevar una fianza para la restauración del terreno y para las condiciones impuestas a las obras. Un promotor que concurre a las subastas del régimen económico de energías renovables del Real Decreto 960/2020 constituye una garantía para participar, que se mantiene tras la adjudicación hasta que la planta se entrega y se ejecuta si no se entrega en la fecha comprometida. Son beneficiarios del sector público, y el seguro de caución se admite para todos ellos con la misma condición que la primera: una aseguradora autorizada en el ramo.
La tercera es la propia construcción, y el beneficiario es privado. La sociedad del proyecto propietaria de la planta contrata a un contratista EPC, y el contrato pide una garantía de cumplimiento —normalmente un porcentaje del precio—, una garantía del anticipo por la suma pagada por adelantado por aerogeneradores, módulos o transformadores, y una garantía de calidad para el periodo de defectos posterior a la puesta en servicio. El contratista EPC pide lo mismo a sus proveedores, un escalón más abajo. Aquí nada sigue un modelo prescrito: la redacción es la del contrato, normalmente a primer requerimiento, y se negocia; por eso el solicitante debe enviar el borrador al suscriptor antes de firmar el contrato y no después, cuando la garantía exigida ya está fijada.
La cuarta es frente a quien compra la energía. Un comprador corporativo bajo un contrato de compraventa de energía a largo plazo pide al generador una garantía sobre su obligación de entrega y, a veces, sobre las penalizaciones que el contrato fija si no entrega. Eso es una caución. El generador, por su parte, está expuesto a que el comprador pague tarde o no pague, y la cobertura para eso no es una caución sino un seguro de crédito —ramo 14, crédito— sobre el crédito comercial, con un límite fijado sobre el comprador. La misma aseguradora puede suscribir ambos; son dos contratos distintos, y una empresa que necesita los dos contrata dos pólizas.
La quinta es el instrumento de plazo más largo de todos. La comunidad autónoma que autorizó la planta exige una garantía para su desmantelamiento y la restauración del terreno al final de su vida útil, como condición de la autorización, y se mantiene mientras la planta siga en pie. Un aval que dura décadas es una exposición que el banco reprecia cada año; una caución con el mismo plazo se suscribe una vez, con una revisión incorporada, y ese es uno de los puntos en que los dos instrumentos dejan de parecerse.
Por qué una línea, entonces, y no cinco instrumentos. La caución se concede en agregado contra un balance, así que un suscriptor que examina la quinta garantía está mirando en realidad el total de las otras cuatro, y un promotor que ha garantizado cada fase con un banco distinto no le ha contado a nadie cómo es la cartera completa. Una línea dimensionada para la cartera son unas cuentas, una contragarantía de la entidad que tiene los activos, una biblioteca de redacciones para los beneficiarios que se repiten —la Caja, las tesorerías autonómicas, los contratistas EPC con los que trabaja el promotor— y, a partir de ahí, cada certificado es una llamada. También hace visibles las liberaciones: una línea se mide por lo que tiene en vigor, y una garantía de acceso devuelta con la autorización, una garantía de anticipo reducida a medida que se recupera el anticipo o una garantía de calidad cancelada al fin del periodo de defectos es capacidad de la que tira el siguiente proyecto.
Lo que necesita el suscriptor es lo que el propio proyecto necesita para existir: las últimas cuentas auditadas del promotor y sus cifras de gestión actuales, los permisos obtenidos y el calendario de hitos de cada uno, los contratos EPC y de suministro con sus cláusulas de garantía, el acuerdo de venta de energía y la estructura del grupo detrás de las sociedades del proyecto. Lo que comprueba el beneficiario es más corto: la inscripción registral —clave L1617, ramo 15, en el registro administrativo de la DGSFP, con la supervisión prudencial en Irlanda— y la forma del certificado. Ambas cosas están en este sitio, y el registro es una búsqueda que cualquiera puede hacer.
Escrito por el equipo de suscripción de FDI Insurance d.a.c., Dublín. Esta pieza es información general, no asesoramiento sobre ninguna operación concreta, y no es una oferta de seguro.
