Un seguro de caución es un contrato de seguro, no un producto bancario. Lo define el artículo 68 de la Ley de Contrato de Seguro: el asegurador se obliga, en caso de incumplimiento por el tomador de sus obligaciones legales o contractuales, a indemnizar al asegurado que la póliza designa, y todo pago hecho por el asegurador deberá serle reembolsado por el tomador. Tres partes, por tanto —el tomador cuya obligación se garantiza, el asegurado que cobra si no se cumple y el asegurador entre ambos—, y un producto que solo puede suscribir una aseguradora autorizada en el ramo 15, con su propio capital y bajo supervisión prudencial.
Para el beneficiario cumple la misma función que un aval bancario: un poder adjudicador, una oficina tributaria o una contraparte que tiene en su poder un certificado de seguro de caución tiene un compromiso de pago de una entidad supervisada. Para la empresa que lo contrata, en cambio, no son en absoluto lo mismo. Un aval es un riesgo bancario, se declara como tal y consume el límite que el mismo banco prestaría de otro modo, con frecuencia con efectivo pignorado detrás. Un seguro de caución se paga como prima y queda fuera de la relación bancaria, de modo que la línea que financia maquinaria, materiales y nóminas sigue intacta cuando hay que empezar la obra.
La ley española lo admite allí donde se exige una garantía ante la Administración. La Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, enumera el seguro de caución junto al efectivo, los valores y el aval como forma de constituir la garantía provisional y la garantía definitiva, con una condición: que la aseguradora esté autorizada para operar en el ramo. La Ley General Tributaria admite el certificado de seguro de caución como garantía de un aplazamiento o fraccionamiento de deuda tributaria. Y la Caja General de Depósitos, donde se constituye la mayor parte de las garantías ante el sector público —incluidas las que un promotor de renovables deposita para el acceso y la conexión a la red—, lo acepta como forma de garantía con entidad propia.
Lo que un beneficiario comprueba antes de aceptarlo es breve y conviene conocerlo. Que la aseguradora figura inscrita y activa en el registro administrativo de la DGSFP para el ramo 15, caución: una aseguradora de otro Estado miembro aparece con una clave que empieza por L, y su supervisión prudencial permanece en su país de origen. Que el certificado sigue el modelo prescrito, cuando la Administración publica uno, y designa correctamente al beneficiario, el importe y el plazo. Y, en un texto a primer requerimiento, que la mecánica de la reclamación es la que exige el pliego. El registro es un buscador y no un conjunto de páginas: se abre, se introduce la clave y la inscripción que devuelve es el registro.
Contratarlo es trabajo del corredor, y sale mejor antes de la adjudicación que el día en que vence el plazo de la garantía definitiva. Lo que el suscriptor necesita es lo que necesita cualquier suscriptor: las últimas cuentas auditadas y las cifras de gestión actuales, el contrato o la resolución a la que responde la garantía, el texto exacto que exige el beneficiario y la estructura del grupo, para que la contragarantía —que es lo que da efecto al derecho de reembolso del artículo 68— provenga de la entidad que tiene los activos. Una empresa que prevé varias garantías en un año debería pedir una línea y no una garantía suelta: unas cuentas, una contragarantía, y cada certificado posterior se convierte en una llamada de teléfono.
Un seguro de caución tiene vida después de emitirse. Una garantía definitiva dura hasta el final del plazo de garantía y se libera contra el acta de recepción y la cancelación acordada por la Administración; una garantía de anticipo se reduce a medida que el anticipo se recupera; un certificado tributario se extingue con el pago de la última fracción. Esas cancelaciones son trámites administrativos, pero también son capacidad: una línea se mide por lo que tiene en vigor, así que una cancelación reclamada con prontitud es la garantía de la siguiente adjudicación. Si se produce un requerimiento, el asegurador paga en los términos del certificado y después se dirige al tomador en virtud de la contragarantía; por eso la suscripción inicial es real, y por eso un seguro de caución no es una vía para obtener una garantía que un banco ha denegado.
Dos cosas que no es. No es un seguro de crédito: eso es el ramo 14, crédito, que cubre a una empresa frente al impago de sus propios clientes, y una empresa que necesita ambas cosas contrata dos pólizas distintas. Y no es más barato por definición. La prima refleja la solidez del tomador, el plazo, el texto y las garantías que respaldan la contragarantía, exactamente como lo haría el precio de un banco si el banco tarificara el riesgo con honestidad en lugar de diluirlo en la relación. Lo que sí es, de forma fiable, es capacidad: una garantía que la Administración acepta, respaldada por un balance publicado íntegramente, sin consumir la línea que financia la obra.
Escrito por el equipo de suscripción de FDI Insurance d.a.c., Dublín. Esta pieza es información general, no asesoramiento sobre ninguna operación concreta, y no es una oferta de seguro.
