El 22 de junio de 2026 el Banco Central publicó el documento de consulta 170, que plantea dos preguntas sobre su propia maquinaria: cómo debe evaluar el impacto regulatorio y cómo debe consultar. Está abierto al sector, a los representantes de los consumidores y de la sociedad civil y al público, se cierra el 30 de septiembre de 2026 y después se promete un informe de respuestas. Los documentos sobre procedimiento reciben menos respuestas que los que tratan de normas, y eso suele ser un error: el procedimiento es lo que decide cómo llega la norma siguiente.
La razón por la que importa en este extremo del mercado es aritmética. Buena parte de lo que cualquier norma prudencial cuesta a una entidad es fijo: la lectura, el análisis de brechas, la política, el informe al consejo, la aprobación y el primer año de acreditarlo. Ese coste es casi el mismo para una gran aseguradora múltiple que para una entidad que declara una sola línea de negocio —crédito y caución— y que tenía 16,21 M£ de fondos propios admisibles frente a un Capital de Solvencia Obligatorio de 9,96 M£ en el informe presentado por 2024. Puesto en relación con la prima que cada una suscribe, no es en absoluto la misma cifra. Una evaluación de impacto que modele el coste por entidad, y no el coste por euro de prima, lo pasará por alto siempre.
Lo que pensamos decir es, por tanto, breve y esperamos que útil. Que se evalúe una norma frente a la entidad más pequeña a la que se aplicará, y no solo frente a la más grande. Que el propio documento diga qué entidades están dentro del ámbito, porque un especialista que lee un texto escrito sobre todo para la banca dedica su primera tarde a averiguar si se le está hablando a él. Que se dé plazo suficiente para responder a una entidad cuya función de cumplimiento es una persona. Y que la evaluación se publique junto con la norma, para que el equilibrio que se aceptó sea visible para quienes tienen que vivir dentro de él.
Nada de eso es un argumento a favor de una supervisión más laxa, y preferimos decirlo con claridad antes que ser leídos al contrario. Aquí la autorización es el producto: un aval vale lo que vale el balance que está detrás, y por eso todos los informes de solvencia y situación financiera presentados desde 2019 se alojan en este sitio en lugar de resumirse. Que una entidad pequeña pueda aplicar de verdad las normas es lo que mantiene creíble esa promesa, y una norma mal dirigida le cuesta al mismo lector dos veces: una en cumplimiento y otra en la atención que resta a la suscripción.
Si coloca negocio con nosotros y cree que nuestra respuesta debería incluir algo —sobre cómo llega el cambio normativo a un intermediario, o sobre cuánto tarda una respuesta mientras una entidad lo digiere—, dígalo a la mesa de corredores antes de final de septiembre y lo incorporaremos.
Escrito por el equipo de suscripción de FDI Insurance d.a.c., Dublín. Esta pieza es información general, no asesoramiento sobre ninguna operación concreta, y no es una oferta de seguro.
